Columna de Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). *

Se necesitan políticas de Estado para las Mipymes

El 27 de junio ha sido instituido en 2017 como reconocimiento de la ONU sobre el impacto de las micro, pequeñas y medianas empresas en el entramado productivo y social de cada país, entre otras razones por el dinamismo de estas empresas, su capacidad de innovación, su arraigo local y el papel dinamizador y democratizador que cumplen en la economía.

En la Argentina casi la totalidad de los establecimientos son Mipymes (un 99,6%). También aportan un 40% de valor agregado y un 50% las ventas. Se destacan especialmente en su capacidad en la generación de empleo, aportando más del 70% del total.

Estas características hacen que las Pymes deban ser objeto prioritario de las políticas de Estado, algo que el actual gobierno desconoce. La “salida exportadora” que propone solo puede beneficiar a algunas empresas medianas. De las más de 610.000 empresas registradas son menos de 9.000 las que exportan.

Nuestro país presenta una larga historia de proyectos de asistencia para las Mipymes, que no han tenido aplicación efectiva o se han diluido en vericuetos burocráticos. En el periodo reciente se ha sancionado como “ley Pyme” una normativa parcial, inconexa e insuficiente. Su principal carencia fue no contemplar la realidad del sector en un contexto de crisis recesiva, consecuencia de la aplicación un modelo económico de desregulación, valorización financiera, desindustrialización y destrucción del mercado interno.

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) hemos venido sosteniendo, junto con otras entidades, la imperiosa necesidad de declarar la emergencia Mipyme.

En un marco más amplio, se necesita una Ley de Desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas que fomente la creación, el crecimiento, la innovación y la competitividad, impulsando para ello políticas de alcance general que se concreten a través de instrumentos específicos.

Para que las medidas realmente lleguen a sus destinatarios debe diferenciarse eficazmente a las Mipymes de las grandes empresas y subsidiarias. Los intereses del sector se contraponen con la maximización de ganancias de los grandes grupos concentrados y oligopólicos, altamente transnacionalizados.

Otro punto importante es dotar de jerarquía y efectividad al organismo de aplicación, que debe ser un ente autónomo, democrático, con capacidad de coordinación y con fuerte presencia regional. Es indispensable la jerarquización de la actual Secretaría Pyme, que debe elevarse al rango de Ministerio.

Estos objetivos sólo podrán ser logrados en el marco de un programa nacional, popular y democrático, con una revalorización del papel del Estado, sin cuya intervención decidida, sostenida y flexible no se podrá profundizar un sendero de desarrollo económico y social.

Esta tarea involucrará a muchos otros actores sociales en un necesario proceso de reindustrialización, distribución equitativa de la riqueza, soberanía nacional e integración regional.

* Nota publicada en el portal de la agencia Télam.