La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)  expresa su preocupación y asombro ante el nuevo lock out lanzado por la llamada “Mesa de Enlace”, representante de sectores altamente concentrados de exportadores agropecuarios que rechazan el aumento de 3 puntos porcentuales en las devaluadas retenciones a la comercialización de soja.

El esquema de retenciones dispuesto por el gobierno nacional se encuadra en la recientemente sancionada  Ley de Solidaridad social y Reactivación Productiva, que responde a una política de distribución progresiva del ingreso y de fomento del consumo y la producción que desde APYME hemos venido reclamando sin éxito durante la gestión anterior.

En este marco el  nuevo esquema de retenciones no tiene un impacto “fiscalista” sino que principalmente se dirige a establecer equilibrios hacia el interior de las producciones agropecuarias. Se incrementa tres puntos, del 30 al 33 por ciento, sólo a 14.884 productores de soja, con rindes por encima de las 1.000 toneladas.

En cambio, se rebajan las retenciones de 1 a 12 puntos mediante compensaciones a los productores de menos de 500 toneladas en la última campaña. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. Parte de aumento de las retenciones se destinará a favorecer la exportación de diversos cultivos que dinamizan las economías regionales.

Estos datos son llamativamente desconocidos tanto por entidades que dicen representar a pequeños y medianos productores como por sectores de la oposición. Todo indica que su rechazo no se sustenta sobre argumentos genuinos de defensa del conjunto de los sectores agropecuarios, sino que parece añorar un modelo de país basado sobre la extracción de recursos naturales, la especulación y la subordinación antidemocrática del Estado a los intereses corporativos.  Ese modelo que durante los últimos cuatro años destruyó a la industria nacional, las Pymes, las economías regionales, y se cobró más de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado.

Es preciso alertar al conjunto de la población ante el nuevo intento de imponer por sobre el bienestar general y la convivencia pacífica de los argentinos los intereses y los prejuicios de un sector que se benefició de las sucesivas devaluaciones y la desregulación mientras la mayor parte de la sociedad fue llevada a una profunda crisis.  Es preciso profundizar el camino del diálogo, la solidaridad, la institucionalidad democrática.

Al cumplirse 90 días de iniciado el nuevo periodo  comienzan a verse signos de baja de inflación y una incipiente recuperación mediante un papel activo del Estado con medidas que privilegian a los sectores excluidos y más dañados por la crisis, como los trabajadores, los jubilados, las Pymes y la industria nacional y la economía social.

Las actitudes soberbias e insolidarias de la Mesa de Enlace no sólo ponen en riesgo este proceso sino que resultan incompatibles con la democracia y con el de desarrollo de una nación  socialmente justa, económicamente soberana, políticamente independiente, integrada con Latinoamérica y dispuesta a insertarse en el contexto global mediante la creación de valor y objetivos de mejor calidad de vida para  para todos sus habitantes.

Buenos Aires, 6 de marzo  de 2020

Eduardo Fernández – Presidente

Julián Moreno – Vicepresidente

Juan José Sisca – Secretario