En el día de hoy se conocieron declaraciones del vicepresidente de la UIA, Funes de Rioja, quien consideró que en el marco de un acuerdo económico y social como el que propone el gobierno electo,   “frizar precios y aumentar salarios no resuelve el problema” y abogó, entre otros factores, por una rebaja de impuestos  y la “discusión de los convenios laborales”.

La  Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios  (APYME) reafirma su convicción de que ante la devastación de la industria, la producción y el trabajo nacional operada por el gobierno saliente, es  imprescindible impulsar de modo urgente un proyecto productivo nacional en el cual participen todos los sectores.

Sin embargo, la entidad alerta que esta confluencia debe realizarse con un profundo sentido de justicia distributiva y democratización económica, lo que implica no subordinar los intereses de las Pymes,  de los trabajadores y del conjunto de los argentinos a las tradicionales aspiraciones de los grandes sectores corporativos formadores de precios.

APYME sostiene que  el impulso de la actividad y el aumento de la competitividad no debe pasar por el desfinanciamiento de las cuentas públicas ni por procesos de precarización del empleo y de mayor concentración, sino por la desdolarización de las tarifas y la logística, un  sistema impositivo progresivo y segmentado, el fomento de las inversiones productivas con tasas adecuadas, el fortalecimiento de las economías regionales, el control sobre la cartelización y sobre los precios de los insumos difundidos,  el fortalecimiento del consumo en el mercado interno y  las exportaciones con mayor valor agregado.

En la transición, es urgente exigir al actual gobierno que evite mayores perjuicios por parte de una política que ya evidenció su fracaso económico y social.

En un marco de imprevisibilidad, carencia de rumbo y expectativas negativas en todas las variables, son inaceptables los aumentos de las tarifas eléctricas dispuestos en la provincia de Buenos Aires, que significarán incrementos de entre 25%  y 30% en las próximas facturas.

También es acuciante la situación de cientos de empresas que serán embargadas a partir del 12 de noviembre, por lo cual debe exigirse el freno  de las ejecuciones hasta tanto se evalúe un plan de emergencia adecuado a la gravedad de la crisis.

Las Pymes urbanas y rurales, junto con los trabajadores,  el cooperativismo, los jubilados, la economía  social, los profesionales, los estudiantes y la comunidad educativa y científica, han sido profundamente damnificadas en el actual periodo, que postuló el manejo del país como si se tratara de una “gran empresa”.

Estamos convencidos de que para   salir de la crisis y  recomponer el entramado productivo nacional  se necesitará la concurrencia de todos los sectores,  pero fundamentalmente de un Estado activo, participativo, profundamente democrático y soberano, que procure un desarrollo autónomo con equidad social y que priorice por sobre los intereses corporativos el bienestar y la  vida digna de todos los argentinos.

Buenos Aires, 31 de octubre  de 2019

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL

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