Peligra una ley de la democracia 

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su enérgico repudio a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de intervenir por decreto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (AFTIC).

Este nuevo atropello del Gobierno contra las instituciones democráticas se ampara en el ilegítimo decreto de reforma de ministerios que dispuso subordinar los entes autárquicos al ministerio de Comunicaciones. La intervención significa un desplazamiento de facto de las autoridades, contrario a la ley vigente.

No hay dudas de que la intención del ministro Aguad y el presidente Macri es dejar sin efectos la  ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una conquista de la democracia y fue sancionada con la intensa participación de diversas organizaciones en foros a lo largo de todo el país, entre ellas APYME. Ante las presentaciones adversas de los grupos concentrados, la constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La democratización de las comunicaciones y la garantía para la pluralidad de voces no puede dejarse en manos del mercado. Como en todos los ámbitos, si el Estado no interviene en defensa de las mayorías prima el interés corporativo. Hay cientos de pequeñas y medianas empresas de la comunicación cuya supervivencia depende de que se regule y limite a los medios oligopólicos.

APYME se pronuncia por la defensa y la plena aplicación de la ley y exige a las autoridades nacionales que cesen en su pretensión de gobernar por decreto a espaldas de la Legislatura de la Nación, actitud que lamentablemente tiene el aval de sectores judiciales. No es casual la remoción del juez que llevaba la causa de Papel Prensa.

Esta actitud autoritaria del gobierno se ha cobrado ayer víctimas durante la represión de los trabajadores de Cresta Roja. En marco de medidas que no contemplan a las Pymes y a los trabajadores, existe un serio riesgo de conflictividad social que no puede solucionarse mediante protocolos represivos sino a través de un verdadero llamado al diálogo y la participación de todos los sectores.