El Gobierno admite la ola de embargos, pero no actúa sobre las causas

Recientemente se dio a conocer la resolución de la Afip 91/2018 del 03/04/2018 (B.O. del 04/04/2018), que dispone otorgar mayor celeridad y sencillez a la disposición de los fondos embargados para usarlos para el pago total o parcial de las sumas demandadas con más el 15% de pago a cuenta de intereses y costas.

Al referirse a esta medida, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Meyer, informó que sólo en 2017 sufrieron embargos 250.000 Pymes. APYME informó en varias oportunidades al secretario Meyer y a las autoridades de AFIP sobre esta problemática, sin obtener respuestas concretas. No se puede exagerar la magnitud del desastre si se considera que 2016 fue un año de fuerte caída de la actividad (que no compensó el repunte de 2017), y en 2018 las perspectivas son de fuerte estancamiento económico.

RIGE LA OBLIGACIÓN DE OPERAR CON TARJETA DE DÉBITO PARA NEGOCIOS Y CUENTAPROPISTAS

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que a partir del 1º de abril comerciantes, prestadores de servicios y profesionales que operan con consumidores finales están obligados a aceptar pagos a través de tarjetas de débito

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) considera que la medida en sí, de implementarse adecuadamente,  puede resultar una herramienta válida para impulsar las ventas, beneficiar al consumidor y facilitar la formalización de la actividad.

No tendrán mayores problemas para adecuarse a su aplicación negocios establecidos, con antigüedad y ubicados en zonas comerciales. Sin embargo, debe considerarse al vasto universo de negocios pequeños, micro, barriales, emprendimientos, jóvenes profesionales y todos aquellos segmentos de baja facturación comprendidos en la norma y a los que no se contempla como exceptuados, hecho que debería considerarse en las condiciones que establece la disposición de AFIP.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)  expresa su preocupación por los desmesurados aumentos en tarifas energéticas, que se suman a los incrementos en combustibles, transportes, peajes  e insumos  para la producción.

Especialistas y asociaciones de usuarios han dejado en claro que estos aumentos  no guardan relación con los costos de las empresas energéticas. Tampoco responden a criterios de “gradualidad” ni de equidad. Por el contrario, recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, clases medias y Pymes.

Al cumplirse un nuevo recordatorio de la instauración de la dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reafirma su profundo compromiso con la Memoria, por la Verdad y la Justicia y con la construcción de un país democrático, justo y soberano.

APYME recuerda que el plan represivo de la dictadura y sus cómplices civiles, basado sobre las desapariciones forzadas de personas y los centros clandestinos de detención, tuvo como  principal objetivo disciplinar a la sociedad para facilitar la imposición del plan económico de Martínez de Hoz y sus aliados. Ese plan se caracterizó por la desregulación, la apertura importadora, la especulación financiera, la concentración, el endeudamiento y la extranjerización de la economía, y fue la base del modelo que tuvo su auge en los 90 y llevó a la crisis de 2001 y 2002.