AGENDA PARA LA DEFENSA DE LAS PYMES, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL

UN MODELO PARA POCOS

A un año de la asunción del actual Gobierno Nacional queda claro que la hoja de ruta de las autoridades conlleva un horizonte de profundización de las políticas pro mercado y de “apertura al mundo”, en momentos de incertidumbre para la economía global. En este lapso, el Gobierno buscó presentar como victorias el ruinoso acuerdo con los fondos buitres y la aprobación de nuevo endeudamiento externo en dólares; la ley ómnibus que declara el principio del fin del Fondo de Garantías y la vigencia del “blanqueo”, así como la disolución de la Ley de Servicios Audiovisuales. También se sancionó la poco efectiva Ley 27.264, Programa de Recuperación Productiva (mal llamada “ley Mipyme”), que pretendió ser la contrapartida virtuosa del veto presidencial a la Ley de Emergencia Laboral. Se continúa declamando como objetivos principales de la política económica la reducción de la inflación y del déficit fiscal, así como el crecimiento con “trabajo de calidad” y “pobreza cero”. Sin embargo, con medidas como la liberalización de cambios (devaluación frente al dólar de un 60 %), la quita de retenciones a agroexportadores, grandes empresas energéticas y mineras, y la apertura comercial indiscriminada, se ha logrado el efecto contrario: fuerte alza de los precios en el mercado interno, aumento sustancial de la pobreza, desprotección de los sectores productivos y dramática suba de despidos y suspensiones. Este cuadro se ve agravado por el abusivo aumento en servicios públicos. Los subsidios a las empresas energéticas no se redujeron sustancialmente, sino que se utilizaron como argumento para concretar incrementos tarifarios bruscos, excesivos e inequitativos para el conjunto de la población y para los sectores de la producción nacional, en favor de un puñado de empresas a las que por añadidura se les condonan cuantiosas deudas con el Estado. La sanción de la ley de Participación Público – Privada (PPP), así como la Ley de Presupuesto 2017, entre otras legislaciones recientes, confirman la continuidad y profundización de un modelo de fuerte transferencia de ingresos hacia sectores concentrados, con balanza comercial deficitaria y exponencial endeudamiento externo. Para afrontar el desfinanciamiento y desbalance en las cuentas públicas por la baja en la recaudación y el deterioro de la balanza comercial, este año el Gobierno ha tomado en tiempo récord una deuda de 50.000 millones de dólares, y en el Presupuesto 2017 se prevén más de 40.000 millones con ese propósito. No hay indicios de que estos recursos vayan a destinarse a planes de obras públicas ni inversión productiva, sino que continuarán salvando los gastos corrientes. Mientras, se avanza con recortes en Ciencia y Tecnología y Educación, lo que implica debilitar a los organismos de apoyo y vinculación.
Todo lleva a un perfil de país con reprimarización productiva, fuerte dependencia externa, fuga de capitales y estímulo de la “competitividad” por la vía de la desaparición de rubros sensibles y el abaratamiento del costo del salario para grandes empresas y multinacionales. Esta distribución de signo regresivo se realiza bajo el pretexto de una “seguridad jurídica” que sólo alcanza a potenciales inversores del poder económico y grupos multinacionales, a los que se les asegura la “previsibilidad” que sin embargo se les niega a las empresas nacionales. En verdad, por la situación internacional de estancamiento y creciente proteccionismo, las inversiones “productivas” llegarán a cuentagotas. Lo que prevalece son los movimientos de capitales especulativos, favorecidos por la liberalización cambiaria y de los mercados financieros.

DETERIORO SOCIAL Y PRODUCTIVO

El Gobierno se muestra muy lejos de tomar nota de la situación de emergencia de distintos sectores sociales y productivos como las consecuencias de estas políticas, y habla de “brotes verdes” y otros slogans en lugar de sopesar una modificación del rumbo. Se pueden evaluar cabalmente los daños económicos, productivos y sociales ocasionados por el empecinamiento oficial. La inflación anual se proyecta entre 45 y 50 % promedio por parte de diversas fuentes de análisis, principalmente en rubros sensibles como alimentos. Tanto las cifras oficiales como de institutos públicos y privados indican una sostenida merma de la actividad manufacturera. El nivel de actividad económica experimentó un retroceso del 1,3 % en el primer semestre (4,3% en el mes de junio). Las importaciones de bienes de consumo crecen en proporciones alarmantes, mientras disminuye la de bienes de capital e insumos industriales. Las cámaras más afectadas por las importaciones denuncian una caída en la producción entre el 20 y el 25% en distintos rubros. Los establecimientos sólo utilizan en promedio un 65% de su capacidad instalada. Al cabo del primer semestre se experimentó una caída en la producción de entre 20 y 25 % en distintos rubros. La caída industrial contribuyó en buena medida a que el último índice de desempleo arroje un promedio nacional de 9,3%, con picos de casi 12 % en grandes ciudades, junto con la consiguiente precarización del trabajo. Durante octubre los despidos se incrementaron en más de 7 veces según la medición interanual, sobresaliendo los de la construcción, seguidos por metalurgia, textil, petróleo, comercio y gastronomía. Informes privados indican un incremento del 150% anual en las suspensiones, debido a que varias ramas industriales aplican este mecanismo para reducir producción y ajustar stock. Como efecto de la caída industrial, sólo en el gran Buenos Aires se produjo un incremento de 30 % de la pobreza en los últimos 6 meses. Además de constituir una tragedia social, esta situación repercute de modo directo en el poder adquisitivo de la población, que cayó un 12 % en promedio. La canasta de Precios Cuidados pasó de constituir un 15 a un 5% en las ventas de hipermercados. Lejos de comenzar a revertirse este proceso, la mayoría de los indicadores oficiales reflejan la continuidad de la recesión, con nuevas contracciones. Durante septiembre, la actividad de la industria cayó 7,3% y la construcción 13,1%. Según FIDE, estos números tornan inviable la hipótesis oficial de caída de PIB del 1,5% para el 2016, proyectándose un retroceso en torno al 2,7%. Es conocida la problemática de las economías regionales, en nombre de las cuales se llevó a cabo la quita de retenciones que beneficia a los grupos concentrados exportadores de materias primas y alimentos.

PYMES EN EMERGENCIA

Las Pymes constituyen más del 90 % de las empresas, proveen 80 % de empleo y representan un 45 % del PBI. Forman parte del entramado productivo nacional junto con los trabajadores, las cooperativas, empresas recuperadas, cuentapropistas y pequeños y medianos productores de las economías regionales. Este amplio sector está entre los principales perjudicados por la situación descripta. Las Pymes están en emergencia como resultado de la devaluación, el incremento de precios de insumos, la reducción del mercado interno, el encarecimiento y la falta de acceso al crédito, la liberalización de importaciones, la limitación en planes de pago de AFIP y la falta de control a la concentración productiva y comercial, entre otros puntos. De este modo, el aumento de costos cierra un círculo que va asfixiando a las Pymes. Los precios mayoristas subieron más de 30%; se suman los incrementos en gas, energía eléctrica, en combustible y logística. Las Pymes no son formadoras de precios, no pueden trasladar estos aumentos ni aguantar la consecuente caída de rentabilidad. La caída de las Pymes afecta a la vez el empleo, pero no porque estas empresas tengan predisposición a despedir trabajadores, sino porque cierran sus persianas junto con ellos. Un informe reciente del Cepa arroja que las grandes empresas despidieron más trabajadores en los primeros meses del actual gobierno, a diferencia de las pequeñas y medianas, que “han mantenido sus plantillas sin mayores modificaciones hasta el mes de abril”, mes en el que se produjo una caída modesta de 0,7 puntos porcentuales. La “ostensible contracara”, según el informe, mostró que las empresas con más de 1.500 empleados redujeron personal en forma ininterrumpida desde diciembre, con un recorte de 2,69 puntos porcentuales entre diciembre y mayo. Por estos motivos, la emergencia social, laboral y productiva, acarrea la inevitable emergencia de las Mipymes. Desde APYME hemos venido proponiendo en distintas instancias la absoluta prioridad de una serie de medidas que den elementos al conjunto del sector para sostenerse junto con los trabajadores, la economía social, profesionales y demás integrantes del entramado productivo local.
Algunas de estas medidas comprenden:
. Impulsar la demanda y el consumo como pilares para asegurar la recuperación del mercado interno, principal sustento de las Mipymes.
. Adecuada segmentación de las medidas que equilibre las desigualdades respecto de sectores concentrados, que han visto acrecentar sus ganancias en este periodo.
. Establecer la figura de la Defensoría de las Mipymes.
. Tomar medidas efectivas de protección de la industria nacional, impulsando un proceso de sustitución selectiva de importaciones.
. Proteger a las principales fuentes de trabajo, las Mipymes, con medidas que faciliten el sostenimiento del empleo y el pago de salarios, de acuerdo con la necesaria recomposición del poder adquisitivo. Resolver el ahogo fiscal y financiero de las estas empresas.
. Aportar al sector empresario Pyme las herramientas apropiadas para la transformación tecnológica, brindando una vinculación con los entes públicos de generación de tecnología (CONICET, INTA, INTI, etc.)
. Destinar un aporte significativo del presupuesto nacional al apoyo financiero de las Mipymes, con tasas subsidiadas acordes con objetivos de crecimiento equitativo, y condiciones de acceso compatibles con la realidad de las empresas.

POLÍTICAS SECTORIALES

Recientemente, se reglamentó parcialmente la ley 27.264 y se estableció un Régimen de Fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que creó expectativas favorables aunque en verdad se enfoca en estimular la oferta en una hipotética economía con perspectivas de crecimiento, no en proteger al sector en la situación de crisis que hoy se atraviesa. En esa ley se dejó de lado toda referencia a la Emergencia Mipyme, que fue el planteo inicial, con lo que se terminó beneficiando a empresas medianas y subsidiarias de las corporaciones. Desde la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa se impulsa una política destinada al apoyo y formación de “emprendedores”. Esta dirección es acorde con los lineamientos del Plan Productivo Nacional que impulsa el Gobierno, con orientación netamente neoliberal, que propone para la Argentina un perfil de especialización productiva basado sobre “ventajas comparativas” (explotación de recursos naturales, commodities, armaduría). El Programa Nacional para la Transformación Productiva (PNTP), creado por resolución de los ministerios de Producción y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es un ejemplo alarmante del tipo de iniciativas que se impulsan. Como en los años ’90, se vuelve a ponderar la “eficiencia” de las empresas. Seguirán subsistiendo las “empresas dinámicas” y las que que sobrevivan al ajuste y la “normalización”, para reconvertirse y adaptarse a las cadenas globales. En lugar del crecimiento industrial se propone la salida del “sálvese quien pueda”, el emprendedurismo, la flexibilización, la precarización de la seguridad social y la adaptación a entornos de libre mercado. Para este esquema, sobran decenas de miles de empresas y trabajadores. Estos requerimientos son compatibles con la destrucción del Mercosur, los tratados de libre comercio y el acercamiento con la Alianza del Pacífico a los que aspira el Gobierno, aunque el contexto internacional presenta modificaciones que condicionan fuertemente estas instancias. Por el contrario, desde APYME, sostenemos que es preciso abordar una agenda que contemple metas de desarrollo equitativo, lo que involucra a todos los sectores del trabajo y la producción agredidos por el actual modelo y seriamente expuestos a los cambios globales en un modelo aperturista y de alta dependencia de los flujos internacionales de capitales e inversiones. Es preciso debatir una alternativa que retome un papel activo del Estado, con fomento a la industria nacional, el mercado interno y las pymes y una inserción soberana en el mundo que resguarde los recursos estratégicos del país para todos los argentinos. Por estos motivos, a fin de dar cauce a las voces de miles de empresarios, y con la intención de contribuir con diagnósticos y propuestas a la solución de los problemas existentes, nuestra entidad impulsa el debate de una “Agenda Pyme” de diez puntos, que no busca agotar el tema sino constituir un punto de partida para la discusión y la adopción de medidas tanto de corto como de mediano plazo.

LA AGENDA MIPYME
1. Papel del Estado. Vigencia de un Estado constitucional, soberano, inclusivo, activo y participativo. Implementar políticas estructurales para el desarrollo por parte de un Estado eficiente en conjunto con el sector privado. No basta con asegurar el funcionamiento de las “reglas de mercado” para unos pocos sectores; las políticas públicas deben contemplar la situación del conjunto de los agentes productivos. 2. Fomento del mercado interno. Fortalecer los niveles de ocupación y el poder adquisitivo del salario, lo que significa vigencia la legislación laboral y previsional. No flexibilizar el trabajo y el salario sino impulsar políticas que estimulen la demanda local y acrecienten la capacidad de dar empleo. 3. Competitividad. Aplicar regulaciones efectivas para preservar la competitividad de las empresas de menor porte. Debe evitarse la falacia de la ineficiencia del sector, ya que en un contexto de concentración y cartelización el que debe ser eficiente es el Estado para asegurar una competencia realmente libre. Herramientas públicas para operar sobre cadenas de valor. 4. Financiamiento. Ampliar el cupo de financiamiento, fundamentalmente el orientado con especificidad a las Mipymes, con tasas y condiciones de acceso adecuadas. Orientar el crédito hacia la producción, como prevé la Carta Orgánica del BCRA. Discutir una reforma de fondo del sistema financiero, que aún se basa sobre una ley de la dictadura.
5. Categorización y segmentación. Definir parámetros para una adecuada caracterización de micro, pequeñas y medianas empresas, considerando todos los factores que inciden en su desempeño, de modo de orientar eficazmente las políticas públicas para el sector. Hoy se privilegian variables cuantitativas, dejando sin efecto elementos que hacen a tipo de actividad y contexto regional, entre otros.
6. Políticas sectoriales. Definir claramente las características y el proyecto del organismo destinado a diseñar y gestionar las políticas para el sector. Herramientas específicas para el sostenimiento, el desarrollo y la innovación. Participación de los representantes sectoriales. Consolidación de una defensoría de las Pymes y creación de un organismo que coordine las políticas de modo integral.
7. Planificación industrial sustitutiva. Definir un proyecto que contemple a la industria local, con un papel activo del Estado y una integración inteligente en el marco regional y global. Proceso coordinado y selectivo de sustitución de importaciones con base en la integración tecnológica, la investigación y la transferencia de conocimiento.
8. Comercio exterior e integración regional. Regular eficientemente importaciones con objetivos nacionales y soberanos. Vigencia efectiva del Compre Pyme y Compre Nacional. Fomento de exportaciones Pymes, con diversificación productiva con mayor incorporación de valor agregado.
9. Economías regionales. El problema de las economías regionales excede ampliamente la cuestión del nivel de las retenciones. No se puede dejar librado el desarrollo al arbitrio de sectores exportadores cartelizados, mientras se desarticulan los organismos de control. Hace falta un Estado presente en la continuidad y afianzamiento de las obras públicas estratégicas. 10. Sistema impositivo. El sistema presenta rasgos de inequidad incompatibles con el desarrollo sustentable y la disminución de la pobreza. El proceso actual agudiza tales características. Disminuir la presión sobre el trabajo, el consumo y las empresas. Gravar en mayor medida a grandes contribuyentes y rentas financieras. Abordar herramientas fiscales que estimulen la actividad productiva en lugar de la especulativa. Controles sobre el fraude fiscal y operaciones de fuga y elusión.

CURSOS DE ACCIÓN
Como ha sostenido históricamente APYME, la agenda de las Pymes jamás estuvo contemplada en procesos especulativos, de concentración y apertura irrestricta de la economía. Impulsar estas políticas implica hoy denunciar los efectos devastadores del programa económico en curso, así como de las salidas “devaluadoras”, que sólo favorecen a sectores concentrados.
En consecuencia, con vistas al próximo periodo, en coincidencia con su 30° Aniversario, nuestra entidad se propone como líneas generales para un plan de acción:
1. Impulsar la unidad de los sectores de las Pymes y el empresariado nacional. Desarrollar la agenda de las Pymes implica contribuir al debate y a la confluencia con todos los sectores y/ o espacios productivos que apoyen la industria nacional, el mercado interno y el trabajo argentino.
2. Actuar en todas las instancias legislativas, nacionales, provinciales y municipales, impulsando proyectos en defensa de las Pymes y el empleo junto con la representación de los perjudicados por al actual modelo, trabajadores, cooperativas, la economía social, los profesionales y las economías regionales.
3. Manifestarse y accionar por la emergencia Mipyme, social y laboral, proponiendo medidas para la coyuntura en resguardo del mercado interno, la reactivación de las Pymes, la defensa de la industria nacional y medidas impositivas progresivas.
4. Debatir políticas de Estado sobre la base de los 10 puntos de la Agenda Mipyme. Establecer una dinámica de discusiones por ejes que lleven a consensuar un programa alternativo en aspectos productivos, laborales y sociales.
5. Contribuir a la creación de espacios sociales y políticos para la construcción de una alternativa nacional, inclusiva, industrial y soberana.
Sobre la base de estos lineamientos, APYME continuará actuando en todo el territorio nacional con vistas a revertir el actual proceso regresivo e impulsar en cambio una salida que pase por el desarrollo productivo autónomo, el fomento del mercado interno y la recomposición de la industria sustitutiva, de modo de alcanzar el crecimiento con justicia social en beneficio de todos los habitantes del país.

DICIEMBRE DE 2016