Eduardo Fernández, Presidente de APYME

En estos días se nos quiere enfrentar con los trabajadores por el tema de los juicios laborales. Desde APYME hemos venido advirtiendo y proponiendo modificaciones en relación con la problemática de los juicios. Hay posibilidad, sin vulnerar ningún derecho adquirido por los trabajadores, de que las Pymes no sientan esta espada de Damocles que significa una legislación laboral que nos equipara con las multinacionales.
Las grandes corporaciones ya tienen incorporadas en sus costos la previsión y provisión para despedir empleados; las Pymes no tenemos ni queremos esa posibilidad. Las estadísticas reflejan un hecho: en el sector privado, quienes más han despedido son los sectores concentrados de la economía; las Pymes, con todo el sacrificio que significa esto, hemos retenido y retenemos a nuestros empleados, porque convivimos con ellos, compartimos el futuro con ellos, son parte de nuestro capital y de nuestra experiencia de vida.

De modo que no aceptamos este falso diagnóstico y la agresión a la Justicia laboral que se está llevando a cabo por parte del Gobierno y sus aliados. Una vez más, se busca utilizar a las Pymes como ariete para imponer leyes de flexibilización que promueven las grandes empresas, como queda claro en la postura de la UIA y el G-6.

Las Pymes no cierran a causa de los juicios. El principal problema de estas empresas, que viven del mercado interno, es la retracción de las ventas, la apertura indiscriminada de importaciones, el ahogo fiscal y financiero, los aumentos de tarifas e insumos por parte de los grandes formadores de precios.

Una investigación reciente estableció que apenas el 19 por ciento de los siniestros de trabajo se dirimen en el fuero laboral y que esto involucra sólo al 1 por ciento de los trabajadores. Además, en 2016, las ART mejoraron su facturación en un 41 por ciento.

Mientras, la política económica continúa beneficiando a los sectores financieros especulativos, las empresas de energía, las mineras y las grandes corporaciones locales y extranjeras, que no realizan inversiones productivas, sacan sus divisas fuera del país y controlan sus costos mediante salarios a la baja, despidos y suspensiones.

Para las Pymes lo imperioso es declarar la emergencia sectorial, que no está determinada mayormente por los juicios laborales, como pretende el Gobierno, sino por una política económica regresiva, desigual y destructora del aparato productivo nacional.