La nueva ola desreguladora parecería ser parte de un cuadro de época que recuerda a anteriores experiencias fallidas. Con un ministerio específico a cargo, el objetivo es, una vez más, favorecer la optimización, la eficientización, la desburocratización, la flexibilización, etc. con el fin de facilitar la actividad de los productores y agentes económicos.

Gustavo Casciotti, presidente de APYME Delegación Mar del Plata.

Para la producción nacional, los efectos son lapidarios. Arrasar con todo tipo de controles y regulaciones no genera un cuadro de sana competencia en una economía concentrada y extranjerizada, sino todo lo contrario

En esta oportunidad, y a partir del decreto 908, se dispone la baja de aranceles de importación para ochenta y nueve productos inicialmente, entre ellos neumáticos, motos, moldes, matrices, pequeños electrodomésticos, café, garrafas, plásticos, tubos de cobre, insumos textiles, hornos industriales, calderas, motores.

Pero detengámonos en uno, particularmente: el hilado de poliéster, cuya alícuota baja de 18 a 6 por ciento. Claro, en nuestro país hay fábricas que se dedican a la elaboración de este producto, que dan empleo a 1.000 trabajadores, que forman parte de una industria, la textil, que ha tenido un gran desarrollo tecnológico en estos últimos años, con incorporación de inversiones en materia de digitalización y de automatización, por ejemplo. Una industria que ya perdió 8.300 puestos de trabajo.

El objetivo declarado por el Gobierno es el de facilitar la importación de productos del exterior con el fin de favorecer la baja de la inflación a través de la competencia entre los productos importados y los fabricados localmente. Pero en el caso concreto del hilado, parecería que no es demasiado aplicable, porque en el precio de una prenda, el hilado representa sólo el 0,1 por ciento del valor, mientras que el 50 por ciento son impuestos.

Parecería que en última instancia esta medida, en tanto y en cuanto ponga en riesgo la subsistencia o continuidad de las fábricas textiles, terminaría atentando contra el equilibrio presupuestario, porque privaría al Estado nacional, provincial y municipal de ingentes recursos en materia tributaria.

Sin embargo, la baja de aranceles no es el único elemento de la apertura importadora, porque también debe contemplarse la apreciación cambiaria a través de un tipo de cambio claramente atrasado, que desalienta la exportación de los productos locales, pero que, por el contrario, facilita o alienta las importaciones.  A estos elementos se suman la eliminación de barreras para arancelarias, la eliminación del valor criterio  -esto es, el valor de referencia para evitar la sobre o subfacturación de las importaciones- la parálisis del análisis de los procesos de antidumping para evitar el ingreso de productos del exterior a un precio vil que no sea representativo de los estándares internacionales correspondientes a ese producto.

Como si todo esto fuera poco, debe agregarse la reducción del plazo de pago para las importaciones, que pasa de 60 a 30 días tensionando, dicho sea de paso, la balanza de dólares del Banco Central, y por último, el inminente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se estaría firmando el próximo 18 de noviembre, en el marco de la cumbre del G 20 en Brasil, que significaría una gran oportunidad para el “campo”, en principio, pero también otra jugada para el jaque mate a la industria nacional.

En definitiva, todos los caminos conducen al ingreso irrestricto de productos importados en desmedro de la producción y de la mano de obra local. Lo que nos deberíamos preguntar en este marco recesivo de licuación de ingresos, de salarios y de jubilaciones, qué porcentaje de la población estará en condiciones de comprar esos productos que ingresan de afuera.